Santo Domingo.- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) impulsa la transparencia y democratización en el sector de la construcción, aumentando de manera significativa la cantidad de contratistas vinculados a proyectos de infraestructura. Bajo la dirección del ministro Deligne Ascención, el MOPC ha logrado multiplicar por más de seis veces el número de empresas contratistas, pasando de 69 al inicio de su gestión en agosto de 2020 a 429 en menos de tres años.
En una rueda de prensa, la directora de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública del MOPC, licenciada Lérida Tobal, resaltó la proporción sin precedentes de participantes en las construcciones públicas. Detalló que actualmente existen contratistas involucrados en diversos tipos de obras, incluyendo 19 obras troncales, 8 de hormigón asfáltico, 145 de mejoramiento de calles, 69 dedicadas a la construcción y reconstrucción de carreteras secundarias y caminos, así como también firmas especializadas en puentes, alcantarillados, obras comunitarias, infraestructuras institucionales y señalización vial.
Tobal hizo un llamado a la ciudadanía para verificar la información de las obras y empresas participantes a través del portal de transparencia del Ministerio. Destacó que esta relación completa está disponible en cumplimiento de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y la resolución 002-21 de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
La directora enfatizó que el acceso a la información es un derecho fundamental respaldado por la Constitución y la Ley 107-13, y que se ha respetado de manera rigurosa durante la gestión actual del MOPC. Explicó que la transparencia y democratización en los procesos de licitación, en concordancia con la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación 543-12, han fomentado la confianza y la participación de los contratistas.
Este enfoque busca establecer políticas institucionales de integridad gubernamental, cumplimiento normativo y mitigación de riesgos de corrupción. El objetivo es crear una cultura de ética e integridad en las inversiones públicas a nivel nacional, generando bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos.