Santo Domingo, R.D. – El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 84-26, mediante el cual realizó nuevas designaciones en áreas estratégicas del Estado, en el marco de los esfuerzos orientados al fortalecimiento institucional y la mejora continua de la gestión pública.
Mediante la disposición presidencial, Rafael Evaristo Santos Badia fue designado ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Santos Badia se desempeñaba como director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y cuenta con una amplia trayectoria en los ámbitos educativo, legislativo y de la concertación social.
Es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE), técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la UNPHU y posee diplomados en Economía Política y Derecho Laboral y Sindical por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como en Relaciones Internacionales por la UTE. Ha sido diputado al Congreso Nacional (1990–1998), integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados y participó en el Plan Decenal de Educación. Además, es autor del libro “Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana” y ha sido reconocido con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, grado Caballero.
El decreto también designa a Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República. Espinosa es licenciado en Contabilidad por la UASD, con estudios de posgrado en Tributos Internos, una maestría en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, y un MBA en Administración de Negocios con concentración en Operaciones por la PUCMM.
Con más de 24 años de experiencia en el sector público, Espinosa ha desempeñado un rol clave en la creación y fortalecimiento de sistemas de control interno, gestión financiera y supervisión del gasto público.
La disposición presidencial deroga decretos y artículos anteriores vinculados a las funciones reasignadas y fue remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.