Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader emitió el decreto 301-23 que establece el reglamento para la creación de la Carrera del Agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Esta medida tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales de los civiles que forman parte de la DNCD y no provienen de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.
Hasta ahora, estos agentes civiles que trabajaban en conjunto con el personal militar y policial de la DNCD no contaban con un régimen laboral adecuado. Sin embargo, con la implementación de este reglamento, se busca corregir esta situación y establecer una carrera administrativa especializada para ellos.
El reglamento aborda diversos aspectos relacionados con la carrera, como la escala jerárquica, los requisitos de ingreso, nombramiento, ascenso, traslado, desarrollo profesional, compensaciones, incentivos, retiro y término, entre otros. Además, se establecen criterios claros para evaluar el desempeño de los agentes, lo cual influirá en su permanencia, ascenso o separación de la carrera.
En cuanto al régimen ético y disciplinario, se establece que los agentes de carrera de la DNCD deberán regirse por las normativas de la Ley núm. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, la Ley núm. 41-08 de Función Pública y el Código de Ética Institucional de la DNCD.
El reglamento también establece que los miembros actuales de la DNCD que no provengan de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional deberán cumplir con los requisitos y pruebas establecidos en el Reglamento para poder ingresar a la carrera de la DNCD.
Es importante destacar que la creación de esta carrera administrativa especializada se fundamenta en el artículo 6 de la Ley de Función Pública, que permite al presidente de la República, con la aprobación del Ministerio de Administración Pública (MAP), crear carreras administrativas especiales en los órganos de la Administración pública central y en las entidades descentralizadas.
La decisión del presidente Abinader de emitir este decreto representa un avance significativo en la mejora de las condiciones laborales de aquellos civiles que arriesgan sus vidas diariamente en la lucha contra el flagelo de las drogas.