Santo Domingo., La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la cancelación de 38 registros de empresas proveedoras del Estado pertenecientes a 28 personas, entre las que se encuentran el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez Dajer, y el ministro sin cartera, José Leonel Cabrera Abud, conocido como Neny Cabrera. La medida fue adoptada mediante la resolución DGCP44-2025-002579.
La entidad explicó que esta disposición se fundamenta en lo establecido en el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, normativa que impide contratar con el Estado a diversas autoridades y funcionarios públicos. Entre ellos figuran el presidente y vicepresidente de la República, ministros, viceministros, senadores, diputados, magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de otros tribunales, miembros de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, síndicos, regidores, así como el Contralor General y el Subcontralor.
La prohibición también alcanza al director y subdirector de Presupuesto, al director y subdirector de Planificación, al procurador General de la República y a los integrantes del Ministerio Público. De igual modo, incluye a cónyuges y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad de los funcionarios mencionados.
Contrataciones Públicas señaló que la cancelación de estas empresas busca garantizar mayor transparencia en los procesos y prevenir conflictos de interés que puedan poner en riesgo la integridad de las contrataciones estatales. La institución enfatizó que la normativa busca asegurar condiciones equitativas para todos los oferentes, evitando que figuras con poder de decisión tengan ventajas indebidas.
Durante la actual gestión, la DGCP ha suspendido un total de 567 registros de proveedores por situaciones similares. Estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la institucionalidad, la rendición de cuentas y la confianza en el sistema de compras públicas.
Con esta resolución, la DGCP reafirma su compromiso de velar por el cumplimiento estricto de la Ley 340-06, en aras de consolidar un sistema de contrataciones transparente, justo y alineado con los principios de ética pública.