Santo Domingo,- El Gobierno de Haití ha calificado como discriminatorias las medidas anunciadas por las autoridades dominicanas, que prevén la deportación de hasta 10,000 haitianos por semana. El canciller haitiano, Dominique Dupuy, enfatizó la necesidad de que la República Dominicana respete los derechos inalienables de todos los individuos afectados por esta decisión, incluyendo a niños, mujeres y hombres.

En una declaración oficial, Dupuy anunció que su ministerio se reunirá con organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales que operan en la frontera, con el objetivo de definir una estrategia de apoyo para los ciudadanos haitianos impactados por estas deportaciones. Además, indicó que se fortalecerán las capacidades de la Misión Diplomática y las Oficinas Consulares de Haití en la República Dominicana para brindar un mejor apoyo a los conciudadanos.

La propuesta del gobierno dominicano, que busca duplicar el promedio mensual de deportaciones, representa un incremento significativo respecto a las cifras de 2023. Durante ese año, se deportaron aproximadamente 251,011 haitianos, lo que equivale a alrededor de 23,000 deportaciones mensuales. Con el nuevo plan, se prevé alcanzar una cifra mensual de 40,000 deportaciones.

El Grupo de Apoyo a Retornados y Refugiados (GARR) también ha expresado su preocupación, afirmando que estas deportaciones masivas contravienen los derechos humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sam Guillaume, representante del GARR, calificó la cifra de 10,000 deportaciones semanales como «indignante». Señaló que la situación de los haitianos en República Dominicana se ha vuelto más complicada, ya que las visas dominicanas ya no se están concediendo, lo que ha incrementado el número de haitianos en situación irregular.

Guillaume advirtió que las deportaciones masivas podrían provocar un aumento significativo en los desplazamientos de población en las áreas fronterizas, generando una alta concentración de personas en esos puntos. Hizo un llamado a las autoridades haitianas para que asuman su responsabilidad ante esta situación.

En resumen, la reacción del Gobierno de Haití y de organizaciones de derechos humanos refleja una profunda preocupación por el impacto de estas medidas en la dignidad y los derechos de los migrantes haitianos en la República Dominicana.

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