Santo Domingo., Luego de diversas imputaciones presentadas por el Ministerio Público y otros actores vinculados al presunto desfalco al Estado a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el exdirector ejecutivo de la institución, Santiago Hazim, tendrá este viernes su turno para exponer su defensa ante el tribunal.

Hazim figura como el principal señalado en un supuesto entramado de corrupción que, según la acusación, ocasionó pérdidas millonarias al Estado dominicano. Su defensa sostiene que demostrará inconsistencias en la teoría del caso del Ministerio Público.

Hoy vamos a probar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona vinculada a la corrupción, beneficiada en otro expediente e involucrada en este caso. Eso tendremos que debatirlo”, afirmó su abogado, Miguel Valerio, quien reiteró que ante el tribunal quedó claro que su cliente no tiene relación alguna con Rafael Domínguez Hazim, también implicado en el proceso.

Valerio cuestionó las acusaciones de extorsión presentadas por algunos empresarios, señalando que estos mantuvieron sus contratos con Senasa.

“A los empresarios supuestamente los extorsionaron, pero continuaron trabajando. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan no sigue operando. Incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Nadie puede decir que recibió pagos indebidos”, enfatizó.

Señalamientos de extorsión

Las defensas de los empresarios Eduardo Read Estrella y Heidi Pineda Paulino aseguraron que fueron víctimas de extorsión tanto por Hazim como por el apodado “El Gordo”, identificado por el Ministerio Público como José Pablo Ortiz Giráldez, señalado como la “mano derecha” del exfuncionario y pieza clave en el presunto cobro de sobornos a empresas contratistas.

Valerio también criticó los acuerdos firmados entre tres imputados y el Ministerio Público, alegando que estas personas deberían ser consideradas coautoras.
“En ninguno de los testimonios se establece que entregaron dinero directamente al señor Hazim”, subrayó.

De su lado, la titular de la Pepca, Mirna Ortíz, afirmó que existen elementos suficientes para que el caso sea declarado complejo y se impongan 18 meses de prisión preventiva a los diez imputados.

La audiencia para el conocimiento de las medidas de coerción continuará este viernes a partir de las 2:00 de la tarde.