Santo Domingo. – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, y el Consorcio Mobility ID, por presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la emisión de licencias de conducir, valorado en RD$8,400 millones.
De acuerdo con la denuncia depositada por el presidente de ADOCCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, el proceso se habría realizado de manera irregular, beneficiando exclusivamente al Consorcio Mobility ID, el cual, según se señala, está conformado por las mismas empresas responsables de la impresión de libretas de pasaportes y de la nueva cédula de identidad y electoral.
ADOCCO solicita a la directora de la PEPCA, Mirna Ortiz, una investigación exhaustiva sobre las actuaciones del director del INTRANT y de las compañías involucradas, al considerar que las mismas podrían estar tipificadas como delitos de falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, corrupción administrativa, lavado de activos y soborno, conforme a diversos artículos del Código Penal dominicano y las leyes 155-17 y 448-06.
El contrato adjudicado, por un monto superior a RD$8,400 millones, fue otorgado al Consorcio Mobility ID, integrado por las empresas Midas Dominicanas S.R.L., G.E.T. Secure ID Corp., Consorcio STC, S.A. y Thomas Greg & Sons Gráfica e Serviços.
De la Rosa Tiburcio advirtió que la concentración de información tan sensible —como la de cédulas, pasaportes y licencias de conducir— en manos de un mismo grupo empresarial representa un riesgo para la seguridad nacional, ya que podría facilitar la creación de identidades falsas y documentos fraudulentos.
Asimismo, ADOCCO denunció que el consorcio habría presentado documentación falsa sobre una impresora láser CLM600, atribuyéndose la condición de fabricante exigida en el pliego de condiciones. Pese a las impugnaciones, el INTRANT continuó con el proceso, incluso adelantando la apertura del Sobre B, lo que, según la organización, evidencia que la licitación fue dirigida.
“Este proceso vulnera los principios constitucionales de libre empresa, participación y evaluación objetiva establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas”, enfatizó De la Rosa Tiburcio, quien aseguró haber entregado a la PEPCA todas las pruebas documentales que respaldan las denuncias.
El caso también fue impugnado ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).