Santo Domingo.- El empresario canadiense Antonio Carbone sigue defendiendo su versión de los hechos en una batalla legal que ha persistido por años. El Tribunal Constitucional (TC) anuló su sentencia original de 20 años de prisión, decisión que fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tras varias revisiones judiciales.
En tres ocasiones, Carbone ha demostrado ante los tribunales que hubo un error en la aplicación de la ley, particularmente en relación con el principio del juez natural, en el caso de la acusación de atentar contra la vida de su ex empleado, Fernando Arturo Guerrero Báez, quien ahora posee varios de sus negocios.
La sentencia SCJ-SS-24-0841, emitida el 15 de octubre de 2024 por la Segunda Sala de la SCJ, respalda las decisiones previas del TC, señalando dos violaciones clave en el proceso judicial original: la inobservancia del principio del juez natural y la transgresión del debido proceso legal.
En todas estas oportunidades, se ratificó que el tribunal que emitió la sentencia condenatoria no estaba correctamente conformado, lo que vulneró el debido proceso.
Guerrero Báez, por su parte, se declaró dueño de cinco casinos y socio de otros ocho establecimientos, incluidos discotecas y apartamentos, que originalmente pertenecían al Grupo Dream Corporation Inc., presidido por Carbone.
En su resolución, el Tribunal Constitucional ordenó la devolución de estos bienes al empresario canadiense. Entre los activos involucrados se encuentran 13 casinos, discotecas, 1,500 bancas de apuestas deportivas y propiedades inmobiliarias, con un valor estimado de 580 millones de dólares.
Carbone ha denunciado que un grupo de empresarios, políticos y legisladores se apoderaron de sus bienes de manera fraudulenta, utilizando la manipulación judicial como herramienta para arrebatarle su patrimonio. La reciente resolución judicial marca un punto crucial en la lucha del empresario por recuperar sus propiedades y limpiar su nombre.