Santo Domingo,. El Edificio de las Cortes del Distrito Nacional será clausurado antes del 30 de mayo, según ha informado el Consejo del Poder Judicial (CPJ). Esta medida responde a la necesidad de finalizar el proceso de mudanza de los servicios que actualmente se ofrecen a la ciudadanía en esta sede.
En su sesión extraordinaria núm. 02-2025, celebrada el 11 de abril de 2025, el CPJ tomó una serie de decisiones clave para garantizar la continuidad de los servicios judiciales. Entre ellas, se aprobó el traslado de las oficinas secretariales a la sede de la Suprema Corte de Justicia y de los salones de audiencia, junto con los jueces y su personal de apoyo, al edificio del Registro Inmobiliario.
Impulso al Trabajo Remoto y la Transformación Digital
La continuidad del servicio se mantendrá gracias al uso intensivo de las tecnologías digitales. El portal de acceso digital, el sistema de gestión de casos y la Política de Teletrabajo del Poder Judicial permiten implementar eficientes modelos de trabajo remoto e híbrido. El objetivo principal es completar el traslado de todos los servicios y proceder al cierre del Edificio de las Cortes antes de la fecha límite del 30 de mayo de 2025.
Antecedentes y Planificación del Traslado
La situación estructural del Edificio de las Cortes ha sido objeto de atención y planificación en los últimos años. Desde el inicio, el Consejo del Poder Judicial ha implementado diversas acciones para reubicar los servicios en espacios más seguros y adecuados.
Ya en la Planificación Operativa de este año se contempló la creación de centros híbridos en la Suprema Corte de Justicia para brindar apoyo a las labores secretariales del edificio afectado.
En 2021, de manera proactiva, se encargó un Estudio de Vulnerabilidad Estructural del Edificio de las Cortes de Apelación a la compañía Epsa-Labco. La principal conclusión de este estudio indicaba un riesgo latente únicamente en caso de eventos sísmicos extremos.
Desde entonces, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) ha realizado un seguimiento exhaustivo de los resultados de dicho estudio.
Inicialmente, se instruyó remitir el informe a instituciones competentes como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, la Oficina de Patrimonio Cultural Monumental y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, con el fin de obtener sus valoraciones y recomendaciones técnicas.
Posteriormente, el Poder Judicial desarrolló un plan de acción detallado para el traslado gradual del personal. Este plan incluyó adecuaciones tecnológicas, diseño de nuevos espacios, reubicación operativa y una estrategia de comunicación y gestión del cambio.