Santo Domingo.– Aunque el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, publicado por Transparencia Internacional, reflejó una leve mejoría para la República Dominicana, el año estuvo marcado por graves retrocesos que ponen en duda la solidez de los esfuerzos anticorrupción.
La confianza ciudadana se vio profundamente afectada con el caso SENASA, considerado uno de los episodios más graves de corrupción administrativa por su impacto directo en el derecho fundamental a la salud. Este escándalo, que involucra presuntas irregularidades superiores a RD$15 mil millones, evidenció cómo la corrupción puede traducirse en tratamientos no otorgados, servicios privatizados de forma fraudulenta y un daño humano irreparable para los sectores más vulnerables.
Durante el 2025, se registraron escasos avances en los procesos judiciales de los principales casos de corrupción, aumentando la preocupación por la lentitud, los reenvíos constantes y el riesgo de prescripción. Aunque el Ministerio Público continuó su labor de persecución, la ciudadanía reclama mayor celeridad, transparencia y sentencias oportunas.
En el ámbito político, varios expedientes vinculados al narcotráfico y lavado de activos evidenciaron la penetración del crimen organizado en estructuras partidarias y cargos públicos, lo que refuerza la urgencia de fortalecer los controles al financiamiento de la política y preservar la integridad del sistema democrático.
El año también estuvo marcado por la tragedia del derrumbe de la discoteca Jet Set, ocurrida el 8 de abril, que dejó 236 personas fallecidas, cerca de 200 heridos y decenas de niños huérfanos. Este hecho conmocionó al país y reforzó el reclamo social por procesos judiciales imparciales, responsables y transparentes.
En materia institucional, se aprobaron leyes relevantes y se avanzó en controles como una nueva Ley de Contrataciones Públicas y la conformación de una nueva Cámara de Cuentas. Sin embargo, estos avances resultan insuficientes frente a la magnitud de los casos revelados.
La sociedad dominicana insiste en que la lucha contra la corrupción debe ir más allá de los discursos y sanciones aisladas, apostando por reformas profundas, prevención efectiva, justicia oportuna y total transparencia, como pilares indispensables para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer el Estado de derecho.