Santo Domingo. – El Gobierno presentó la Ley núm. 82-25, promulgada el 7 de agosto, que moderniza y unifica el régimen del Bien de Familia, eliminando el impedimento de libre disposición para los inmuebles beneficiados con el Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado.
Con esta reforma, los títulos emitidos bajo dicho plan quedarán libres de la condición de “bien de familia”, lo que permitirá a miles de familias acceder más fácilmente al crédito formal y gestionar de forma ágil su patrimonio.
Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que la normativa mantiene la protección de la vivienda para las familias, evitando embargos o ventas forzadas, pero también otorga mayor flexibilidad a los beneficiarios de terrenos públicos titulados. “Fortalecemos la protección de la vivienda y abrimos la puerta a un marco más ágil y moderno para administrar el patrimonio familiar”, afirmó.
El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, explicó que la ley es resultado de un trabajo coordinado que unifica criterios y procedimientos, eliminando trabas y garantizando mayor seguridad jurídica sobre las propiedades.
La normativa preserva la protección para los inmuebles construidos con fondos públicos en planes de mejoramiento social, proyectos de vivienda de bajo costo bajo la Ley de Fideicomisos o programas estatales de financiamiento, impidiendo que sean vendidos o embargados.
El director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos, resaltó que la ley permitirá que propietarios y sus descendientes utilicen el título como garantía para enfrentar situaciones económicas críticas.
El acto contó con la presencia del ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Cristóbal Castillo; el viceministro de la Presidencia, Roger Pujols; y otras autoridades que respaldaron la importancia de la reforma.
Con la entrada en vigor de la Ley 82-25, el Gobierno busca equilibrar la protección de la vivienda familiar con la generación de oportunidades económicas, ofreciendo a las familias dominicanas un marco más flexible, seguro y moderno para la administración de sus bienes.