Santo Domingo., El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, declaró complejo el expediente del caso Senasa y otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar su requerimiento conclusivo.
La decisión se produjo tras conocer la solicitud de medidas de coerción contra Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros nueve imputados en el entramado de corrupción denominado Operación Cobra. Al declarar el caso como complejo, el magistrado estableció el período que tendrán los fiscales para robustecer la acusación.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que el juez realizó severas valoraciones sobre la conducta atribuida a los acusados. Indicó que el magistrado calificó los hechos como “muy graves y crueles”, al interpretarlos como una traición que habría causado un daño de gran magnitud a la sociedad.
Según el Ministerio Público, la Operación Cobra destapó un esquema que habría desviado más de 15 mil millones de pesos del Senasa, además de alrededor de dos mil millones de pesos en sobornos. Camacho explicó que estas consideraciones sustentaron la decisión del tribunal de imponer prisión preventiva a siete de los imputados, mientras que a otros tres se les dictó arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
No obstante, precisó que los diez imputados permanecen privados de libertad, en el marco de las medidas dispuestas por el tribunal.
El funcionario aseguró que el Ministerio Público continuará profundizando la investigación para llevar a los imputados ante los tribunales por los hechos que se les atribuyen. Asimismo, informó que el órgano acusador trabaja en una nueva etapa del proceso, denominada “versión 2.0”, que será presentada en el futuro, sin precisar fecha.
Durante la audiencia, decenas de personas se congregaron en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para exigir prisión preventiva contra el principal imputado, mientras un amplio contingente policial resguardó el perímetro del edificio judicial. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa ha calificado este proceso como uno de los más graves en la historia del país.