Santo Domingo.- El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha programado para septiembre la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta. Ambos se encuentran en prisión preventiva debido a su implicación en un entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Calamar. El procurador adjunto Wilson Camacho, encargado de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó que la audiencia de revisión fue pospuesta al 1 de septiembre de este año, tras la confirmación de la medida de coerción por parte de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Camacho explicó que la revisión no se llevó a cabo en esta ocasión debido a que los imputados apelaron la prisión preventiva. En consecuencia, la fecha de revisión se ha movido de acuerdo con el proceso de apelación. Además, señaló que la revisión solo puede realizarse a solicitud de parte en el caso de aquellos que tienen arresto domiciliario, y ninguna de las defensas solicitó la revisión en esta audiencia.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dejó sin efecto la audiencia debido a la apelación de los imputados y la confirmación de la medida de coerción por parte de la Corte de Apelación. Esto renueva los plazos para la revisión obligatoria. Guerrero y Peralta cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.
El caso de la Operación Calamar involucra a más de 20 personas, incluyendo exministros y otros funcionarios. El expediente posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas. Se estima que la red de corrupción sustrajo más de 17 mil millones de pesos al Estado, sumados a una deuda administrativa de aproximadamente 2,100 millones. Algunos imputados ya han admitido su participación en esta estructura de corrupción.
El Ministerio Público ha mantenido abiertas las puertas para acuerdos con personas dispuestas a colaborar, aunque los detalles de dichos acuerdos se darán a conocer en el momento oportuno. Los fiscales Arolin Lemos, Melbin Romero, Héctor García, Rosa Ysabel y Elvira Rodríguez representaron al Ministerio Público en la audiencia.
La próxima revisión de la medida de coerción brindará la oportunidad de evaluar la situación de los exministros y determinar si se mantendrá la prisión preventiva o se aplicarán cambios en su situación legal.