Santo Domingo., La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva de 18 meses contra Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros seis imputados vinculados a un presunto entramado de corrupción administrativa en perjuicio del Estado.
El tribunal rechazó la apelación presentada por los acusados y confirmó en todas sus partes la decisión adoptada previamente por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. La sentencia fue leída a las 12:23 de la madrugada de este jueves.
Según el Ministerio Público, los imputados habrían participado en un fraude contra la ARS estatal Senasa, estimado en más de 15,900 millones de pesos, mediante irregularidades cometidas entre los años 2020 y 2025.
La corte, presidida por la magistrada Isis Muñoz e integrada por los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, concluyó que no han variado las circunstancias que motivaron la imposición de la prisión preventiva. Al analizar el peligro de fuga, los jueces señalaron que no solo debe evaluarse el arraigo de los imputados, sino también la gravedad de los hechos, la pena aplicable y el daño ocasionado al Estado, conforme al principio de igualdad ante la ley.
En el proceso también figuran los imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Speakler Mateo, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma Ubiera, quienes continuarán cumpliendo prisión preventiva.
Por otro lado, los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella permanecen bajo arresto domiciliario, con impedimento de salida del país, presentación periódica y una garantía económica de un millón de pesos.
El abogado Surún Hernández calificó la decisión como contraria a la correcta administración de justicia y anunció que recurrirá ante la Suprema Corte de Justicia, al considerar que el fallo favorece la impunidad de empresarios que, según afirmó, habrían recibido conjuntamente alrededor de 16,000 millones de pesos.
Los acusados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, lavado de activos y falsificación de documentos.