Santo Domingo, RD.— El procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que vivir en una sociedad libre de corrupción debe reconocerse como un derecho humano fundamental, al mismo nivel que el derecho a una vida sin violencia y en un entorno sano.
Camacho sostuvo que la corrupción no solo afecta las finanzas públicas, sino que tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población, al limitar el acceso a servicios esenciales y generar múltiples víctimas.
“La corrupción plantea preguntas urgentes: cuánto cuesta, cuántas víctimas deja y cómo afecta la vida de las personas. Vivir libres de corrupción debe considerarse un derecho humano tan esencial como vivir sin violencia”, expresó en un mensaje publicado en la red social X.
Sus declaraciones se producen en medio de las investigaciones que encabezan la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y el Ministerio Público en torno al presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), caso en el que se acusa a unas diez personas de causar pérdidas multimillonarias al Estado dominicano.
Entre los imputados figuran el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, así como Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción. Otras tres personas fueron sometidas a prisión domiciliaria.
Camacho también participó en un encuentro con la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, quien realizó una visita a la procuradora general Yeni Berenice Reynoso. Durante la reunión abordaron los proyectos de cooperación bilateral en materia de seguridad y fortalecimiento institucional.
El caso Senasa ha provocado una fuerte reacción social. Diversos grupos ciudadanos han realizado protestas frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y la Procuraduría General de la República, reclamando sanciones ejemplares y la ampliación de las investigaciones. Asimismo, partidos de oposición como el PLD y la Fuerza del Pueblo han condenado el presunto fraude y exigido que todos los responsables sean llevados ante la justicia.