Santo Domingo, R.D. – El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, exhortó al Poder Judicial a ir más allá del discurso y aplicar de manera coherente los acuerdos en los procesos penales, al referirse a las decisiones adoptadas en torno al caso Operación Lobo.
Durante la audiencia de medida de coerción, Camacho destacó la contundencia del proceso, al señalar que todos los implicados, tanto civiles como militares activos y en retiro, quedaron privados de libertad, y el caso fue declarado complejo. Sin embargo, lamentó que, pese a que desde el Poder Judicial se promueve la figura del acuerdo penal, en la práctica se emiten fallos que desincentivan su aplicación.
“El Ministerio Público predica y también practica la figura del acuerdo. Seguiremos reconociendo la cooperación y aplicando ese mecanismo cuando corresponda”, afirmó.
Asimismo, advirtió que el esquema de sobornos en contrataciones públicas es más amplio de lo presentado y aseguró que habrá una “Operación Lobo 2.0” para seguir desmontando esta red de corrupción.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso arresto domiciliario a cinco imputados que admitieron su culpabilidad: el empresario Quilvio Rodríguez González; el civil Bolívar Fernández Espinal; y los oficiales Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz y Wellington Peralta Santos.
A los cinco que no admitieron los hechos se les impuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica: Carlos Robles Díaz, Luis Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández, Elías Camaño Pérez y Yorbyn Eufracio Aybar.
La red de corrupción afectó al Inaipi, Senasa, EdeNorte, EdeEste y EdeSur. A los imputados se les acusa de soborno, asociación de malhechores, estafa al Estado y lavado de activos, violando artículos del Código Penal, la Constitución y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.