Santo Domingo.-Religiosos y Defensores de Derechos Humanos Claman Justicia, mientras la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha aplazado para el martes 18 de junio de 2024 la audiencia del recurso de casación presentado por el empresario canadiense Antonio Carbone, acusado de intento de homicidio contra Fernando Arturo Guerrero en 2014.

La decisión se tomó para permitir la citación del empresario y sus nuevos abogados, quienes no habían sido notificados para la audiencia programada. En esta ocasión, Carbone estuvo representado por los abogados Valentín Medrano Peña, Ysmael Molina Carrasco y Ninoska Acosta.

Los jueces confirmaron que ni Carbone ni sus abogados habían recibido el citatorio, por lo que consideraron necesario aplazar la audiencia.

El Tribunal Constitucional había previamente anulado una sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que ratificaba la condena de 20 años de prisión contra Carbone por el supuesto intento de asesinato contra Báez Guerrero. Esta anulación formó parte de la sentencia TC/0515/23 del 17 de agosto de 2023, la cual invalidó la condena previa.

Adicionalmente, la sentencia penal No.042/2024-SSEN-00006 del 19 de enero de 2024 también falló en favor del empresario.

Protestas y Demandas de Justicia

Paralelamente, decenas de personas se congregaron frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia portando pancartas en apoyo a Carbone. Entre los manifestantes se encontraban religiosos y defensores de derechos humanos, quienes reclamaban justicia para el empresario canadiense.


Exigieron que se cumplan las sentencias que ordenan la devolución de los bienes de Carbone y subrayaron que las disposiciones del Tribunal Constitucional deben ser acatadas por las autoridades correspondientes.

Estas manifestaciones reflejan el apoyo significativo que Carbone ha recibido de diversos sectores de la sociedad, quienes consideran que las sentencias favorables emitidas por el Tribunal Constitucional y otras instancias judiciales deben ser implementadas sin demora. 

La insistencia en la aplicación de estas sentencias resalta las demandas de transparencia y justicia en el proceso judicial que envuelve a Carbone, quien ha enfrentado un prolongado conflicto legal desde su acusación inicial en 2014.

 

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