Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Luis Abinader, presentó este jueves ante el Senado de la República un proyecto de ley que modifica la Ley núm. 1-24, que establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta iniciativa fue depositada a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, tras un proceso de ocho meses de reuniones con una mesa de trabajo conformada por representantes de la prensa, sociedad civil, juristas, empresarios y funcionarios gubernamentales, que lograron un consenso sobre las modificaciones.
La modificación recoge las propuestas realizadas por la Comisión conformada por representantes de la prensa, sociedad civil, juristas, empresarios y funcionarios del gobierno durante ocho meses de reuniones.
El objetivo principal del proyecto es clarificar y especificar las disposiciones de la Ley núm. 1-24, abarcando los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32. Una de las propuestas más significativas es la fusión de los artículos 1 y 2 para definir de manera más precisa conceptos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, así como las fuentes abiertas y cerradas.
Además, se busca modificar el numeral 16 del artículo 9 para garantizar una mejor coordinación entre la DNI y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), enfocado en la protección de la privacidad de los usuarios. Esta adecuación es fundamental para establecer un marco claro sobre cómo se manejan las telecomunicaciones en relación con la inteligencia nacional.
Otro punto crucial de la propuesta es la modificación del artículo 11, que refuerza las garantías relacionadas con la obtención de información de fuentes cerradas. La reforma exigirá la autorización judicial para cualquier procedimiento que limite derechos constitucionales, garantizando así un mayor respeto a las libertades individuales.
Este proyecto de ley responde a las inquietudes expresadas por distintos sectores de la sociedad en relación con la Ley núm. 1-24, buscando asegurar que la regulación del sistema de inteligencia nacional cumpla con las disposiciones constitucionales y respete los derechos fundamentales de los ciudadanos. La presentación de este proyecto marca un paso importante hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas en las operaciones de inteligencia del país.