Santo Domingo – Los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) han reafirmado su posición y han solicitado a la Junta Central Electoral (JCE) que anule el Comunicado de Admonición que prohíbe a movimientos, agrupaciones y partidos políticos llevar a cabo mítines, marchas, caravanas y la difusión de propaganda electoral.
En una comunicación formal presentada el 14 de agosto de 2023, los delegados políticos de la FP, Manuel Crespo; del PLD, José Ramón (Monchi) Fadul; y del PRD, José Pérez Volquez, expresaron su preocupación por las restricciones impuestas en el comunicado, que consideran violan derechos fundamentales y contradicen decisiones previas del Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional.
En la entrega de este documento estuvieron presentes también representantes de los partidos: por la FP, José Manuel Hernández Peguero y Javier Ubiera; por el PLD, Danilo Díaz y José Dantés; mientras que por el PRD asistieron Yanet Camilo y Héctor Guzmán.
Las fuerzas opositoras del país instaron al pleno de la JCE a que se apegue a la Constitución de la República, las leyes electorales y los precedentes legales existentes, incluyendo las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Administrativo.
Además, solicitaron que la JCE convoque una audiencia pública con los delegados de los partidos y movimientos políticos reconocidos, en virtud del artículo 28 de la Ley 20-23 Orgánica de Régimen Electoral, que garantiza el derecho de las organizaciones políticas a solicitar reuniones para discutir asuntos relacionados con el proceso electoral.
Los partidos recordaron que el Comunicado de Admonición también vulnera la igualdad al crear diferencias entre diferentes medios de comunicación y atenta contra la libertad de empresa al excluir de manera discriminatoria los letreros y vallas publicitarias como medios de propaganda política durante el período de precampaña electoral. Esto, a su juicio, privilegia de manera injustificada a ciertos medios de comunicación en detrimento de otros, lo que no cumple con los estándares constitucionales de justicia y utilidad.