Santo Domingo., La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó las solicitudes de suspensión contra el reglamento que regula el servicio de Roaming Automático Nacional (RAN), avalando así su implementación por parte del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), conforme a la Resolución núm. 070-2023.
Este reglamento establece un marco normativo que permitirá a los usuarios acceder a una oferta más amplia de servicios móviles, con mayor cobertura, especialmente en zonas con baja conectividad. Además, fomenta el uso eficiente de la infraestructura existente y del espectro radioeléctrico, considerado un recurso natural limitado.
La medida beneficia especialmente a los usuarios que residen en áreas rurales o de difícil acceso, donde actualmente no hay cobertura móvil debido a las condiciones socioeconómicas. Con la entrada en vigor del reglamento, el Estado, a través del INDOTEL, podrá avanzar en el cumplimiento del derecho de acceso universal a los servicios de telecomunicaciones.
El servicio de Roaming Automático Nacional permite que un operador entrante —bajo determinadas condiciones— utilice la infraestructura de redes móviles de otra prestadora para ofrecer servicios al público. Esta modalidad, de carácter mayorista, abre las puertas a nuevas concesionarias al eliminar barreras de entrada al mercado.
Además, establece las bases para fomentar la diversidad de servicios disponibles, facilitando la competencia entre prestadoras y beneficiando directamente a los consumidores.
INDOTEL destacó que el reglamento no solo garantiza el acceso equitativo a los servicios en localidades donde no existe infraestructura propia de las prestadoras actuales, sino que también impulsa la entrada de nuevos actores al mercado. Esto, según el organismo, promueve una mayor competencia y amplía la diversidad en la oferta de servicios.
Asimismo, el marco regulatorio facilita la interconexión entre redes y establece los principios y condiciones generales para el funcionamiento del roaming automático en todo el territorio nacional.
Con esta decisión, la Suprema Corte de Justicia respalda un paso importante hacia una conectividad más equitativa, moderna y competitiva en la República Dominicana.