Santo Domingo. La Cámara de Diputados anunció la apertura de un proceso de consultas para evaluar posibles modificaciones al nuevo Código Penal, luego de las críticas formuladas por diferentes sectores sobre algunos de sus artículos, especialmente los relacionados con la libertad de expresión, la difamación y el ejercicio de la medicina.
La decisión fue dada a conocer por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto a los voceros de las distintas bancadas políticas, quienes explicaron que la iniciativa fue consensuada con el Senado para revisar aspectos específicos de la legislación sin reabrir el debate completo de la reforma.
Como parte del proceso, universidades, gremios profesionales, organizaciones de la sociedad civil, operadores del sistema de justicia y ciudadanos podrán presentar propuestas y observaciones sobre los artículos que consideran necesarios de modificar.
Pacheco sostuvo que aún existe tiempo para introducir cambios antes de que el Código Penal entre en vigencia, prevista para agosto. Incluso, señaló que no se descarta una legislatura extraordinaria convocada por el presidente Luis Abinader o un posible aplazamiento de la aplicación de la ley si el Congreso requiere más tiempo para concluir la revisión.
El legislador defendió la reforma al destacar que incorpora más de 70 nuevos tipos penales y fortalece la persecución de delitos como el crimen organizado, la corrupción, el sicariato, las estafas piramidales, los ataques con ácido y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, reconoció que una legislación de esta magnitud puede perfeccionarse a partir de las observaciones de la sociedad.
Asimismo, aclaró que la apertura del proceso de revisión no responde a las recientes protestas contra el Código Penal, sino a conversaciones iniciadas previamente entre ambas cámaras legislativas.
La iniciativa también recibió el respaldo de representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo, quienes coincidieron en que el Congreso debe escuchar las preocupaciones de la ciudadanía y analizar las propuestas para fortalecer la normativa.
Con esta decisión, el nuevo Código Penal vuelve al centro del debate legislativo, apenas un año después de su aprobación.