El Ministerio de Justicia y la Universidad Iberoamericana (UNIBE) dieron un paso para fortalecer la cooperación interinstitucional en materia de justicia y derechos humanos, mediante un encuentro orientado a promover iniciativas conjuntas en investigación, formación especializada y apoyo a las políticas públicas.
La reunión, celebrada en las instalaciones de UNIBE, permitió identificar oportunidades para establecer mecanismos permanentes de colaboración que contribuyan al fortalecimiento del Sistema Nacional de Derechos Humanos y fomenten el intercambio de conocimientos entre la academia y el Estado.
El encuentro fue encabezado por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, y la rectora de UNIBE, Odile Camilo. También participaron el viceministro de Derechos Humanos, Noel Sued Canahuate; la directora del Sistema Nacional de Derechos Humanos, Mildred Samboy; la vicerrectora académica, Vhyna Ortega; la vicerrectora de Investigación, Aida Mencía-Ripley; y el decano de la Escuela de Derecho, José Bienvenido Pérez Gómez.
Durante la reunión se planteó la creación de proyectos de investigación aplicada, programas de formación continua y espacios de colaboración entre estudiantes, docentes e instituciones públicas, con el propósito de convertir el conocimiento académico en herramientas útiles para la formulación y fortalecimiento de las políticas de justicia y derechos humanos.
Las autoridades coincidieron en que la academia puede desempeñar un papel estratégico como aliada del Estado en el proceso de fortalecimiento institucional, aportando evidencia científica, capacidades técnicas y soluciones innovadoras para responder a los desafíos del sector.
El Ministerio de Justicia fue creado mediante la Ley 80-25 como órgano responsable de representar al Poder Ejecutivo en los ámbitos de justicia y derechos humanos. Entre sus funciones figura la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos, un espacio de articulación que reúne a instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para promover acciones y políticas orientadas a la protección y garantía de los derechos fundamentales.